COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales ratifica ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional, su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República por Petróleos de Venezuela y por la Electricidad de Caracas.

Venezuela se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa a pesar de la criminal agresión multiforme perpetrada contra el país. En virtud de ello, en noviembre de 2.017, Venezuela anunció la intención de reestructurar su deuda y convocó a los tenedores nacionales e internacionales y sus representantes a un proceso de diálogo constructivo a los fines de buscar fórmulas que permitieran de manera estructural y conjunta superar las limitaciones impuestas por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra el país.

Sin embargo, la emisión de nuevas medidas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha impedido el desarrollo de este esfuerzo de diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración anunciado. Entre tanto, los plazos de prescripción para las reclamaciones de derechos causados han comenzado a correr.

Por tal razón, la República, Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas, anuncian una oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en los Estados Unidos de América.

Las condiciones específicas de la oferta condicional se anexan a continuación de este comunicado y serán detalladas oportunamente por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y las entidades emisoras.

Con esta medida la República Bolivariana de Venezuela presenta una nueva muestra de su actuación de buena fe y espíritu de cooperación con el objeto de continuar avanzando en el proceso de reestructuración que permita salvaguardar los derechos de los acreedores sin afectar el proceso de crecimiento y recuperación económica del país.

Caracas, 15 de septiembre de 2020